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El senador nacional, Carlos Espínola, impulsa junto al senador Fernando Solanas y otros diez senadores nacionales un proyecto de ley en la Cámara alta para sancionar un nuevo Régimen de Promoción de la Industria Naval Pesquera Argentina, que, entre otros puntos, impone límites a la importación, avala el desguace de bosques amarrados por más de sesenta días, ordena renovar la flota pesquera argentina y propone subsidios y asignaciones específicas

La iniciativa es impulsada por los senadores Fernando Solanas, Carlos Espinola, Silvina Garcia Larraburu, Maria de los Angeles Sacnun, Norma Durango, Maria Odarda, Julio Martinez, Marcelo Fuentes, Alfredo Luenzo, Adolfo Rodriguez Saa, Miguel Pichetto, Maria Pilatti Vergara y Maria Catalfamo.

Es objeto del proyecto de ley "incentivar la construcción de buques de pesca en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional", señala la iniciativa en su artículo N°1, que, en su artículo N° 3 otorga prioridad los buques de pesca nuevos construidos en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional.

El proyecto, también propone, en su artículo N° 4, que "el buque de pesca que sea reemplazado por un siniestro o que haya alcanzado el final de su vida útil debe ser desguazado y sólo podrá transferir su permiso de pesca a un buque nuevo construido en astilleros nacionales, que cuente con capacidad equivalente y que no implique un incremento del esfuerzo pesquero".

"Asimismo, el buque de pesca que sea reemplazado antes del fin de su vida útil sólo podrá transferir su permiso de pesca a un buque nuevo construido en astilleros nacionales, que cuente con capacidad equivalente y que no implique un incremento del esfuerzo pesquero", agrega.

"En el caso de que un armador pesquero reemplazase un buque que no pudiera ser construido en un plazo menor a tres (3) años en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional podrá transferir su permiso de pesca a un buque nuevo importado de las mismas características", detalla.

El proyecto señala, en su artículo N°5 que en los casos de reemplazos de buques y transferencia de permisos de pesca, la Autoridad de Aplicación establecerá medidas de incentivo y/o otorgamiento de mayores cuotas de captura y/o autorización para incrementar la capacidad de los buques a aquellos armadores que incorporen buques de pesca nuevos construidos en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional con respecto a aquellos que los reemplacen por buques usados, buques importados o arrienden buques de matrícula extranjera a casco desnudo.

PLAZOS MÁXIMOS DE DURABILIDAD Y LIMITES A LA IMPORTACIÓN DE PARTES PARA BUQUES DE PESCA

En su artículo N° 6, el proyecto de ley, impone el un plazo máximo de tres (3) años, a partir de su sanción, para reemplazar y desguazar los buques de pesca que tengan una antigüedad superior a los cuarenta (40) años y de cinco (5) años para reemplazar y desguazar los buques de pesca que tengan una antigüedad superior a los treinta y cinco (35) años. "Asimismo, los armadores tendrán un plazo máximo de tres (3) años para reemplazar y desguazar los buques de pesca que no se encuentren en condiciones de acuerdo a los estándares internacionales", agrega.

"En todos los casos, los buques a desguazar deberán ser reemplazados por buques de pesca nuevos construidos en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional.

"Si el armador pesquero debiera reemplazar un buque que no pudiera ser construido en un plazo menor a tres (3) años en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional se autorizará la importación de un buque nuevo, con las mismas características, a tal efecto.

En su artículo N° 7, la norma dice que "los buques no podrán permanecer amarrados en los puertos sin autorización de la Autoridad de Aplicación pesquera por más de sesenta (60) días y, en caso, que se supere este plazo, esta procederá a ordenar su desguace". "En el caso de observarse cuestiones judiciales que inmovilicen el buque en el puerto, la autoridad judicial pertinente deberá -en todos los casos- prever el pago de los derechos correspondientes que establezca la autoridad portuaria, caso contrario, se procederá al desguace y libre disposición por parte de la Autoridad de Pesca de los permisos de pesca y/o cuotas de captura", señala.

En su artículo N° 8, dispone que el caso de que un armador pesquero requiera un buque que no pueda ser construido en un plazo menor a tres (3) años en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional se autoriza la importación de un buque nuevo, con las mismas características, a tal efecto. "Si el armador pesquero poseyera buques de pesca en construcción en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional el buque a importar podrá tener hasta cinco (5) años de antigüedad", señala.

En su artículo N°9, el proyecto de ley ordena que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley los armadores tienen un plazo máximo de dos (2) años para adecuar su flota destinada a la pesca de langostino al límite de cuarenta (40) metros de eslora total y dos mil (2.000) caballos de fuerza de potencia máxima por buque.

"En el caso de que el armador posea buques destinados a la pesca de langostino en construcción en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional el plazo máximo de adecuación es de cuatro (4) años", señala.

PREFERENCIA POR ASTILLEROS ARGENTINOS Y SUBSIDIOS PARA LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN

El proyecto de ley también propone incorporar un régimen de promoción cuya Autoridad de Aplicación dará prioridad en la asignación de cuotas de captura a aquellos armadores con mayor integración de su flota por buques de pesca construidos en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional.

Este régimen, de acuerdo al artículo 11°, del proyecto, encomienda al Poder Ejecutivo instrumentar un subsidio operativo a ser aplicado por un período de treinta y seis (36) meses a partir del inicio de operaciones de pesca de cada buque nuevo y construido en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional.

El subsidio debe equivaler al cincuenta por ciento (50%) del impuesto a los combustibles efectivamente consumido por cada buque pesquero nuevo y construido en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional con el alcance y sentido a determinar en la reglamentación.

En el caso de los buques pesqueros nuevos y construidos en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional y, que, además, procesen en tierra sus capturas, el subsidio deberá equivaler al cien por ciento (100%) del combustible efectivamente consumido por los mismos.

Dentro del mismo régimen, de acuerdo al artículo N° 12, los senadores ordenan que el Poder Ejecutivo otorgará una asignación específica en el marco de los fondos fiduciarios constituidos y administrados en el ámbito del Poder Ejecutivo, así como líneas de financiamiento y sistemas de garantías específicas para el sector a partir de programas existentes, los cuales deberán estar destinados a renovar la flota pesquera argentina en un esquema de quince (15) buques en el primer año, treinta (30) buques en el segundo año y sesenta (60) buques en el tercer año para luego estabilizarlo en función de la vida media útil de la flota pesquera argentina.

En el artículo 14, el proyecto de Ley ordena incorporar como inciso f) al artículo 8 de la Ley 24.922, sobre el Régimen Federal de Pesca, sancionada en diciembre de 1997, promulgada y publicada en enero de 1998, "un representante de la Comisión Asesora de la Industria Naval creada por la Ley 27.418.”

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