Se supo que lo pidió hace más de un mes. Entre los ministerios de Salud y Justicia debaten la decisión y la nena sigue internada. 

nenaviolada 

La nena de 11 años tucumana violada por el novio de su abuela aún espera que le realicen un aborto legal. Cursa la semana 23 de un embarazo que rechaza, pero los ministerios de Salud y Justicia le niegan este derecho que rige en Argentina desde 1921 y que está en el Código Penal. Su historia llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que intimó a la provincia a dar una respuesta inmediata.

Los funcionarios siguen discutiendo y dicen que esta misma tarde se reunirían para ver qué decisión toman. Especialistas de las áreas de Derechos Humanos y Niñez de la provincia dicen que están dilatando el tiempo para que la gestación supere las 24 semanas y así se realizaría una cesárea. 

Hace más de un mes que la nena fue a un Centro de Atención Primaria de un pueblo alejado de la capital por dolores de panza. Allí se constató el embarazo. El 31 de enero fue trasladada al hospital Eva Perón de San Miguel de Tucumán. Entonces su historia se hizo conocida, pero los funcionarios de salud salieron a decir que ni la niña ni la madre querían interrumpir el embarazo. 

La historia se volvió compleja porque al denunciar la violación la Justicia se metió en el asunto y el caso se judicializó. Eso explicaron los funcionarios de salud, que además ventilaron todos los detalles. Que la nena vivía con la abuela porque la madre había perdido la guarda porque su pareja había abusado de sus otras dos hijas. 

Luego trascendió que en realidad la nena no quería seguir con ese embarazo. Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humano y Estudios Sociales (Andhes) y del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM), presentaron un amicus curiae en la Justicia y llegaron a la ​CIDH. 

La ministra de Salud, Rossana Chahla, no habla. Fuentes del ministerio se defienden diciendo que la nena no dejó "por escrito" que quería interrumpir el embarazo, y que recién el lunes lo escribió. "No se tomó la decisión porque necesitamos mayor claridad", dijo esta fuente. Preguntaron si no estaba asentado en la historia clínica que la nena hubiera dicho hace ya varios días que quería terminar ese embarazo. "Bueno, en eso también hay confusión", respondió. El secretario de salud, Gustavo Vigliocco, puso en un tuit que "yo no puedo tomar ninguna decisión. No me toca a mí decidir. El caso está en la justicia". Vigliocco también salió a decir que la nena podía soportar el embarazo porque pesa más de 50 kilos. 

El protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) dice que estos casos no deben judicializarse. Tampoco pone límites de semanas de gestación para interrumpir un embarazo. Pero Tucumán es la única provincia de todo el país que no adhirió al protocolo de ILE. Tucumán se declaró “Provincia provida”. También tiene en su calendario el “Día del Niño por Nacer”. Es la única jurisdicción del país que nunca adhirió al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (una ley de 2002). El año pasado. una médica que le realizó una ILE a una nena de 11 años violada fue escrachada por grupos "provida". Y en noviembre un legislador presentó un proyecto de ley para prohibir los abortos incluso en los casos de violaciones de niñas.

"Es muy alarmante el desconocimiento que tienen los funcionarios públicos a cargo del ministerio de salud que someten a judicialización una prestación médica lícita revirtiendo el fallo FAL (de la Corte Suprema) y los estándares de derechos humanos que dicen que toda gestación forzada en una niña es tortura, y que la autonomía debe ser lo que guíe el futuro de la niña. Si esa niña manifestó la interrupción el 23 de enero, toda esta dilación es producto de la inoperancia del sistema de salud. La Justicia no tiene nada que hacer en el ámbito de la salud pública, son sólo artimañas para dilatar el acceso a un derecho. Tucumán duele, duele esta niña y la indolencia del sistema público de salud que revictimiza y violenta a nuestras niñas", dice la abogada tucumana Soledad Deza, .

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito hizo una concentración el lunes frente a la Casa de la provincia de Tucumán para exigir que se realice la interrupción legal del embarazo a la niña "sin demoras ni dilaciones": "Dos fiscalías, dos defensorías de menores, un juzgado de familia, el sistema de salud público de Tucumán, el Estado, y grupos de fundamentalistas anti derechos ejercen, hace 23 días, presión para someter a la niña a una internación aislada innecesaria con el fin de obstaculizar su acceso al derecho de interrumpir la gestación producto de una violación perpetrada por un hombre de 62 años. Forzar a una niña a continuar con un embarazo resultado de abuso sexual y someterla a prácticas médicas riesgosas como la cesárea, es tortura", sostuvieron en un comunicado.

Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir Regional Tucumán también sacaron un comunicado de repudio por la violación a los derechos humanos. 

Fuente: Clarín

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