Avanza la creación de un sistema para recuperar fondos en la salud pública

Los recursos obtenidos se reinvertirán en hospitales y centros de salud de la provincia para mejoras en sueldos, infraestructura y capacitación. El cobro será dirigido únicamente a obras sociales y prepagas, y no afectará a los afiliados.

Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó por mayoría –con 24 votos a favor y 15 en contra- el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que busca crear un sistema de autogestión en la salud pública que permita recuperar fondos por los servicios prestados a personas con cobertura de obra social o medicina prepaga. La propuesta ahora pasará al Senado para su revisión.

El proyecto establece que los hospitales y centros de salud (CAPS) puedan cobrar a las obras sociales y prepagas por la atención que reciben sus afiliados en el sistema de salud público. Estos cobros no afectarán al paciente: quienes reciban atención en hospitales y CAPS no deberán pagar nada.

La diputada Marisa Patafio explicó que el cobro será dirigido únicamente a las obras sociales, prepagas y otros agentes de seguro de salud, quienes deberán hacerse cargo de los costos como lo harían si la atención fuera brindada en un establecimiento privado. Esto permite que el Estado recupere una parte de los gastos sin que los pacientes deban hacer desembolsos adicionales por la atención recibida.

Esta medida tiene como objetivo fortalecer la salud pública en San Luis: los fondos recuperados mediante este sistema se reinvertirán en el propio sistema de salud, mejorando la calidad de atención y la infraestructura hospitalaria. Con esta iniciativa, el Gobierno Provincial busca equilibrar los recursos que se destinan al cuidado de personas con cobertura privada, sin afectar ni reducir el acceso a la salud pública.

El proyecto también plantea una distribución específica de lo que se recaude: 40% será destinado al personal de salud que contribuyó en la generación de estos recursos; 30% a gastos de mantenimiento y capacitación del personal; y 30% para el desarrollo de acciones de salud pública en áreas prioritarias y/o prestaciones de alto costo y baja incidencia, enfermedades catastróficas y oncológicas.

La diputada Eugenia Gallardo indicó que se estableció una comparativa para conocer el impacto económico de esta medida: “En septiembre, la recaudación fue de $51.245.683 y la proyección con este sistema es de $1.395 millones. Es una diferencia abismal, sobre todo en cuanto a la distribución de esos fondos”.

Por su parte, la diputada Verónica Causi explicó que desde el año 2000 el Estado nacional promovió el recupero de gastos hospitalarios públicos mediante la facturación a obras sociales y seguros de salud. Sin embargo, en 2024 la administración de Javier Milei derogó la normativa que regulaba este proceso, facultando a las provincias a establecer acuerdos directos sobre prácticas, valores y pagos para garantizar el recupero de fondos.

En ese sentido, para lograr una recuperación justa de los costos, el proyecto prevé ajustar el nomenclador, asegurando que los pagos se adapten a los costos reales y garantizando que los valores cobrados a las obras sociales sean razonables.