San Luis Informa 5 junio 2020

Fue a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial luego de definiciones a cargo de Sabina Frederic que generaron una fuerte controversia el mes pasado. Qué dice la letra chica y las críticas de las especialistas

El llamado ciberpatrullaje, en cierta forma, siempre existió. Quienes conocen los funcionamientos internos de las fuerzas de seguridad lo saben: las divisiones dedicadas a delitos digitales tienen personal que se dedica a observar y registrar contenido online de fuentes abiertas, contenido que cualquiera con una computadora puede ver, sin necesidad de forzar una entrada o requerir informes a Google, Facebook u otro gigante de las redes sociales mediante oficios. Al menos tres fuerzas tienen estos sectores, que intervinieron en diversos expedientes judiciales a lo largo de los últimos años.

 

El caso del robo de más de 7 gigas de datos sensibles a los servidores de la Policía Federal, que incluyeron la información personal de efectivos de áreas como Drogas Peligrosas con varias escuchas telefónicas, incluyó una actuación de estas divisiones.

 

Esta causa, conocida como “La Gorra Leaks”, fue instruida por la Fiscalía Federal N°1 de Jorge Di Lello. En 2018, una resolución de la Secretaría de Seguridad bajo Eugenio Burzaco instó a las cuatro fuerzas federales a “tomar intervención” en todas las actividades online que invitaran a la venta de armas ilegal, a compartir pornografía infantil. “Los actos investigativos deberán limitarse a sitios de acceso público, haciendo especial hincapié en redes sociales de cualquier índole, fuentes, bases de datos públicas y abiertas, páginas de internet, darkweb y demás sitios de relevancia de acceso público. En ningún momento se permitirán acciones que vulneren o entorpezcan el derecho a la intimidad”, decía la resolución.

 

El ciberpatrullaje, hasta hoy, siempre ocurrió, al menos en teoría, al menos en lo que el Estado puede reconocer, en una causa judicial, bajo las ordenes y la firma de un juez.

Luego, la pandemia cambió un poco las cosas. Con la detención de un joven en la provincia de Buenos Aires que tuiteó en chiste sobre salir a saquear, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quedó en el centro de la polémica al informar en una teleconferencia con Diputados que las fuerzas federales realizaban tareas de ciberpatrullaje en redes sociales para “detectar el humor social”.

 

Días después, la funcionaria dio marcha atrás y reconoció que la expresión “humor social” fue poco feliz y dio lugar a confusiones. “A partir del alboroto que generó mi intervención, estamos revisando el protocolo con el que trabajamos este tipo de patrullajes para someterlo a discusión de la Comisión de Seguridad de Diputados e incluso de especialistas”, adelantó en declaraciones a Radio Mitre.

 

“Lo que hacemos es mirar Twitter, buscar en Facebook y cruzar palabras claves con hashtags y zonas. Es lo que se hace generalmente para buscar tendencias, sólo que nosotros lo utilizamos para evitar delitos”, justificó.

 

Y agregó: “Creo que es la oportunidad para transparentar el uso de esta herramienta».

 

La resolución 144/2020 del Ministerio, publicada el 31 de mayo en el Boletín Oficial, derogó la norma creada por la vieja Secretaría de Seguridad para crear las nuevas reglas del ciberpatrullaje.

 

La nueva norma apunta que “puede concluirse que resulta necesaria la aprobación de un ‘PROTOCOLO GENERAL PARA LA PREVENCIÓN POLICIAL DEL DELITO CON USO DE FUENTES DIGITALES ABIERTAS’, que establezca principios, criterios y directrices generales para las tareas de prevención del delito que desarrollan en el espacio cibernético los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad dependientes del MINISTERIO DE SEGURIDAD.”

 

Su espíritu, dice el texto es, “prevenir el delito”, algo que “no es monopolio exclusivo de la inteligencia criminal”. El doble filo, sin embargo, es evidente: el Estado, en un afán de prevenir el delito, podría recolectar información particular sobre ciudadanos con una cobertura legal para usarlo para fines espurios.

La falta de un juez a priori, por otra parte, también está explicada: “Que las tareas que realizan los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en cumplimiento de su función preventora del delito no requieren autorización judicial, porque ello es parte de su tarea específica como cuerpos policiales”, asegura.

 

La pandemia está especialmente mencionada, con “el desarrollo de la criminalidad vinculada a la comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos; a la venta de presuntos medicamentos comercializados bajo nomenclaturas y referencias al COVID-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente; y a los ataques informáticos a infraestructura crítica —especialmente a hospitales y a centros de salud—”.

 

Por otra parte, la protesta social, una cuestión particularmente sensible, tiene su mención especial. El Ministerio, dice, no se mete con la protesta: “Que la protesta a través de redes sociales no formará parte de ningún indicador delictivo establecido para las tareas de prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas —principio de no criminalización de las protestas en línea—.”

 

La cartera dirigida por Frederic buscó consenso para amortiguar el golpe. Envió un primer borrador a organismos de derechos humanos como el CELS, la APDH, Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo, el Observatorio de Derecho Informático Argentino.

 

La Fundación Vía Libre fue otra de las consultadas. Beatriz Busaniche, su presidenta, explica sus diferencias. Para Busaniche, las cosas no son lo suficientemente claras. Inteligencia, después de todo, sigue siendo inteligencia:

 

“El Ministerio nos escuchó en parte de las críticas que hicimos. Estamos preocupados porque no estamos de acuerdo. Nos parece que la definición de delitos en los cuales se aplicaría el protocolo no solo es muy laxa sino que a su vez con la incorporación de los temas vinculados con la cuestión de la cuarentena, las cuestiones de salud, se prestan a hacer algún tipo de monitoreo sobre el descontento social, el humor social, que era aquello que la ministra dijo en una primera instancia y que tanto hemos criticado. Entendemos que el monitoreo de la población en sitios de fuente abierta, constituye una práctica de inteligencia y como tal no puede ser asimilado a la prevención del delito sino que debe ser regulado y limitado como se limita la inteligencia”.

La falta de un juez a priori también es preocupante para Busaniche: “En ese marco, además, se está habilitando a las fuerzas federales a hacer algún tipo de investigación sin el debido control jurisdiccional, sin que esté enmarcado en la investigación concreta de un delito y sin que esté controlado por el Poder Judicial. Para nosotros le han cambiado el nombre. Sigue siendo un eufemismo para no decir que es inteligencia. Y tampoco sabemos qué tecnología se está usando. Sabemos que la gestión anterior había comprado algún tipo de software para hacer inteligencia de fuente abierta”.

 

Su punto es válido: la resolución en el Boletín Oficial no habla de software alguno, si se desarrolla a nivel local o de su licitación para adquirirlo. Los softwares forenses, para empezar, son de alto costo.

 

“Vemos mucho voluntarismo en el protocolo. Por ejemplo, dice que no debe generar situaciones en las cuales se produzca autocensura. Voluntarismo puro. No hay forma de que publicando un protocolo así la gente no se autocensure. Me parece que es imposible”, concluye.

 

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, opina de la misma forma: “Nos preocupa, y lo hicimos saber, que esta normativa aún prevé un tipo de vigilancia generalizada que en la práctica permite a las fuerzas de seguridad realizar actividades de investigación preliminar o prevención de delitos en lugar de restringirlas a casos en los que existe un marco judicial aplicable a una investigación concreta. Los principios, criterios y directrices deben ser establecidos con el mayor grado de precisión posible, de modo a evitar que éstos queden supeditados a discrecionalidad de funcionarios públicos o miembros de fuerzas de seguridad.»

 

 

Fuente infovae