“Hay que revertir el mensaje de que podés robar y no pasa nada”
Así lo consideró el director de Relaciones Institucionales del ministerio de Seguridad, Rafael Berruezo, respecto al proyecto de modificación del Código Procesal Penal que el Ejecutivo envió al Senado y será tratado este martes.
Las leyes deben ser herramientas dinámicas, que estén al servicio de la sociedad y de su bienestar. Cuando dejan de ser útiles para resolver problemas sociales, tienen que ser transformadas o reformuladas. El Ejecutivo provincial envió al Senado un proyecto de modificación del Código Procesal Penal, que este martes será tratado por los legisladores. La modificación “es importante para dar un mensaje; hoy el mensaje es ‘podés robar que no te pasa nada, en cinco horas salís y quedás en libertad’. Si desde el Estado no se hace algo, desde la Justicia, gran ausente en este tema, no se hace nada, se va a seguir robando. Ese mensaje hay que revertirlo, vas a ir preso por dos o tres meses, lo verá cada juez, que tratará de obtener una rápida condena”, planteó el director de Relaciones Institucionales del ministerio de Seguridad, Rafael Berruezo.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la reiterancia delictiva, de modo de “darle otro elemento más a los jueces para que, al momento de la detención de una persona o de la investigación de un delito, evalúen si el sospechoso tiene delitos anteriores. No condenas, sino causas pendientes, y que estas sean un elemento más a tener en cuenta para el dictado de la prisión preventiva, tomando en cuenta también la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación”, explicó.
El funcionario dijo que la Policía y el ministerio de Seguridad han detectado muchas causas de personas sospechosas que tienen “una seguidilla de hechos delictivos en lo que va del año; son detenidas y a los dos o tres días la vuelven a detener por otro delito y así”, dijo.
Aclaró que la reiterancia no es lo mismo que la reincidencia, en tanto esta última le cabe a quien tiene condena. La reiterancia no afecta ninguna garantía constitucional, porque la prisión preventiva se impone “al solo efecto de garantizar que un sujeto no va a evadir la Justicia ni va a entorpecer la investigación”, abundó.
Otro punto que se propone modificar es el procedimiento cuando una persona es sorprendida cometiendo un delito ‘in fraganti’. El Ejecutivo aspira a que se derogue un artículo que refiere que cuando el sujeto es encontrado ‘con las manos en la masa’ y tiene causas pendientes no se le aplica el procedimiento, además de incorporar un artículo que falta y ampliarlo a delitos de hasta 20 años de prisión de pena máxima. De este modo “cualquier persona encontrada en flagrancia puede tener un proceso abreviado si no hay mayor prueba que producir, y en 30 días tiene condena efectiva o en suspenso, pero condena al fin”, dijo. Y aclaró “cuando hay condena en suspenso, cuando se comete un nuevo hecho, a este le suben automáticamente las penas que ya tiene en suspenso”.
La otra modificación es la posibilidad de los desalojos en denuncias por usurpación. “Si bien en el Código anterior estaba y se había hecho un agregado, el artículo 242 bis, también es cierto que pocos jueces lo aplicaban. Pero en este Código nuevo ni siquiera estaba. Ahora le damos otra herramienta más a los jueces, para que ante una denuncia de usurpación, acreditando que se mintió sobre el derecho a la propiedad o a la tenencia del inmueble, rápidamente el magistrado puede ordenar el desalojo, sin perjuicio de que la causa siga. Pero permite que la persona que sufrió la usurpación recupere su propiedad”, resumió.
Al ser consultado por la prensa, Berruezo calificó como “bastante desafortunadas” las recientes apreciaciones que el procurador, Luis Martínez, hizo después de que la ministro de Seguridad, Nancy Sosa, diera algunas estadísticas y cuestionara al Poder Judicial. Refirió que en estos seis meses de gestión, la Policía de la provincia concretó 1.087 arrestos y las autoridades judiciales solo formularon cargos a 117 personas. De ese total, “solo al 50 por ciento se le ha dictado (prisión) preventiva”, aseguró Sosa.
“No sabemos porqué el Poder Judicial, y sobre todo en este caso el jefe de fiscales (Martínez), como bien le ha reclamado la ministro Sosa, no están a la altura de las circunstancias. La Justicia no le puede echar la culpa a la Policía, porque la Policía está actuando. Detiene personas, las pone a disposición de los fiscales y los fiscales no hacen nada. Me parecieron bastante desafortunadas las apreciaciones del Procurador. En primer lugar, porque la trata (a la Ministro) como si no conociera la situación, cuando en realidad sabe mucho. Me parece que quien no conoce la situación es él, porque habla de que el presupuesto del Poder Judicial es del 4%. Sin embargo, al presupuesto lo arma el Poder Judicial, no lo arma el Ejecutivo. Si ellos no tienen plata, es problema de ellos. Si no actúan los fiscales y no están capacitados como corresponde, es problema de ellos. No los están formando”, refirió Berruezo.
Además, “Martínez dice que la Justicia entra cuando los demás controles sociales fallan. Entonces él mismo reconoce que la gestión anterior falló en educación, salud, seguridad”, afirmó.
Por otro lado, dijo que el Procurador falta a la verdad respecto a la ley de Narcomenudeo. Aseguró que desde el Ejecutivo nunca se argumentó que se suspendía la norma porque lleva a mucha gente presa. “La ley se suspende por otra razón, que es la demostración estadística de que en las provincias que tienen la investigación de esos delitos es donde más aumentó el tráfico y el consumo de drogas, como Mendoza y Santa Fe”, explicó el Director.