admin 13 mayo 2020

orlando

Fuentes: 

Matias Nieto La Gaceta Digital

Lapoliticaonline

Elchorrillerosanluis

Diario La Nacion 

Juan Manuel Rigau, intendente de El Trapiche

El día de ayer, en diálogo con La Gaceta, los intendentes de El Trapiche y Potrero de los Funes, Juan Manuel Rigau y Daniel Orlando, respectivamente, hablaron con La Gaceta sobre la brutal caída de la coparticipación que reciben del Gobierno Provincial, la cual ronda el 65%.

Según compartió el intendente Rigau, el total coparticipado en esta decena de mayo, sumando todos los municipios de la provincia, fue $34.062.211,79. En el mismo periodo de 2019, se coparticiparon $60.775.053,32. O sea que, en un año, lejos de crecer con la inflación que siempre azota a este país, la coparticipación cayó un 44%.

En lo que respecta a El Trapiche, el intendente señaló que por la primera decena de mayo recibieron $190.000. “El sueldo de un funcionario provincial se puede llegar comparar casi con el ingreso de un municipio entero. Es muy loco, porque además hay municipios que tienen 50 o 100 empleados. Hay que pagar esos empleados, el combustible y todo eso es muy difícil con los recursos tan escasos que tiene el municipio”, comentó el jefe comunal.

“La coparticipación ha bajado entre un 65 y un 70% y las recaudaciones propias han bajado en los municipios entre un 50 y un 60%. Esto da menos de la mitad de los ingresos mensuales. En nuestro caso, estamos viviendo estos dos últimos meses con ahorros que pudimos generar en el mes de enero y por haber sido precavidos”, continuó Rigau, destacando que además “San Luis ya de por sí es una provincia que coparticipa poco”.

 

Martín Olivero en declaraciones a El Chorrillero CNN Radio San Luis dijo que “están muy preocupados” por la caída de los recursos girados a los municipios.

Dijo que les coparticipación de la primera decena de mayo fue “la más baja del año”. Precisó que comparada con marzo cayó un 68%.

“La verdad que la situación se vuelve angustiante y muy difícil para los municipios”, evaluó.

Olivero señaló que en las últimas tres videoconferencias les transmiteron la problemática de las intendencias a la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur, pero no obtuvieron respuesta.

“En algunos casos nos manifestó que la situación de la Provincia no era la misma y que se iba a evaluar casos puntuales de desequilibrio financiero”, indicó.

En ese sentido, aclaró que en La Punta “no hay desequilibrio financiero o mala administración, sino una emergencia por una pandemia en donde la recaudación propia cayó un 50 por ciento y la coparticipación alrededor de un 60 por ciento”.

“No hay Estado o empresa en el país ni en el mundo que pueda mantenerse con una reducción de esa magnitud, atendiendo todo el personal y los servicios, es imposible”, manifestó.

El intendente, detalló que en el caso de La Punta tienen ahorros que se van “gastando a medida que pasan los días para pagar sueldos, pero las proyecciones son tremendas”.

Otro de los problemas que planteó es la falta de diálogo con el gobernador Rodríguez Saá. Esto se debe a que en las videoconferencias, el mandatario provincial sólo informa los pasos a seguir.

“Uno espera que llegue el momento que podamos plantearle muchas cosas referentes a la política sanitaria. Hemos acompañado todas las medidas de los gobiernos nacional y provincial, incluso aportando recursos propios. Por ahí espero que tengamos una apertura en la comunicación, que podamos opinar y no seamos espectadores de lujo en esta materia”, agregó.

Daniel Orlando, intendente de Potrero de los Funes

Por su parte, Orlando señaló que en su municipio, midiendo del 10 de enero al 10 de mayo, la coparticipación ha caído casi un 65%. “En enero, el monto fue $398.876 y el 10 de mayo $141.046”, dijo el intendente, quien opinó que, desde el Gobierno, “no están viendo la realidad de los municipios”. “Con esta baja de coparticipación y con 50 días sin poder recaudar, y sin ayuda, ningún municipio puede solventarse. Es algo lógico. Tenemos que contemplar las ayudas sociales, temas de seguridad, de salud y tenemos la mitad del personal que no está operativo, pero tenemos que pagar el 100% de los sueldos”, dijo Orlando, mencionando además los gastos de energía y combustible.

“De esta manera, el que no se funde en abril, se funde en mayo y el que no se funde en mayo se funde en junio. Y en julio tenemos el aguinaldo, que realmente va a ser un problema más. No queremos tener despidos, pero sabemos que un municipio turístico como Potrero de los Funes se van a reactivar recién a fin de año y que hay trabajadores del sector gastronómico que no están cobrando sus sueldos, hay otros que han quedado despedidos. Sabemos de la realidad laboral que hay en nuestra localidad y lo que menos queremos hacer es dejar gente sin trabajo”, continuó Orlando.

Ambos intendentes destacaron que la coparticipación y los aportes del tesoro provincial que se han solicitado son para pagar sueldos, no para hacer obras. “Con los sueldos de abril, tuvimos que elegir si le pagábamos a los proveedores o si le pagábamos a los empleados municipales”, comentó el intendente de Potrero, quien calificó como “muy triste” que el Gobierno haya recibido 452 millones de pesos de Nación, que eran coparticipables, y los haya usado “para pagar a una empresa privada un certificado de obra”.

“A mi me parece que los ministros le mienten al Gobernador, que no le cuentan la realidad. Estamos en una situación que es desesperante. Los municipios estamos haciendo absolutamente todo lo que dice el Gobierno Nacional y el Provincial, cuidando la ciudadanía, cerrando nuestros pueblos, ayudando las economías, ayudando socialmente a toda la demanda que tenemos. Necesitamos ser escuchados y que nuestros reclamos sean efectivos”, concluyó Orlando, no sin antes aclarar que el municipio está al día con el pago de sueldos gracias a la utilización de ahorros que iban a ser destinados a la finalización de un polideportivo y para hacer una obra en el barrio ARA General Belgrano.

Otro problema es que si un municipio sanluiseño llega a conseguir un aporte directo de Nación, el mismo pasaría previamente por el Gobierno Provincial, el cual, como ya hemos visto, tiene el hábito de retener y luego devolver al Ejecutivo nacional los ATN destinados a municipios opositores.

La respuesta a Zabala Chacur

“Si la provincia no tiene desequilibrio financiero, nosotros queremos saber en dónde está el desequilibrio financiero de estos municipios que lo alegan, que nos los acrediten de alguna manera”, dijo la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur, el pasado 29 de abril, cuando anunció que la provincia no iba a coparticipar los recursos recibidos de Nación. “Necesitamos conocer la situación financiera específica de cada uno, determinar si realmente hay un desequilibrio financiero. Entendemos que ha disminuido la recaudación, pero queremos ver también cuáles son los gastos que realizan y en qué magnitud. Eso implica siempre un análisis pormenorizado desde el programa de Asuntos Municipales”, agregó la funcionaria provincial.

“No hay que hacer un estudio a ver qué pasó. Pasó que hace 50 días que no recaudamos y la coparticipación se cayó en estos porcentajes”, fue la respuesta de Orlando, soltando una pequeña carcajada ante lo planteado por Chacur.

“Con el mismo criterio, podríamos preguntar por qué Nación coparticipa o le da ATN a las provincias. No es porque administren mal, sino porque a veces no alcanza. Si la provincia recibe de Nación, con el mismo criterio podrían recibir los municipios de la provincia. Entonces, o los 2 administran mal o no tiene nada que ver la administración”, respondió, por su parte, Rigau.

La peor respuesta a la crisis económica

La decisión de no coparticipar a los municipios es uno de los factores que la consultora Analytica tuvo en cuenta para clasificar a San Luis como la provincia con la peor respuesta a la crisis económica generada por el coronavirus. El estudio de la consultora midió el apoyo a MiPymes, a familias (a modo de ayudas directas o diferimientos impositivos) y a municipios. De estos 3 sectores, el Gobierno puntano solo tomó medidas de ayuda a familias, dejando a las pequeñas empresas y municipios de lado.

Los gobiernos locales han sido los responsables en el territorio de asegurar el cumplimiento de las medidas de confinamiento para hacer frente al coronavirus. Además, están a cargo de la salud pública, los servicios de emergencia, la educación. De esa forma, provincias y municipios se han transformado en los actores principales para hacer frente a la crisis sanitaria y brindar apoyo económico y social, más allá de las medidas tomadas a nivel nacional.

Es clave lo que las provincias y municipios puedan hacer. En este orden, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que anunció un paquete de ayuda económica para el país, resaltó, entre otras cosas, la coordinación que debe existir entre los distintos niveles de gobierno. Nadie puede hacer frente a la crisis por sí solo.

Sin embargo, el accionar del gobierno de San Luis ante la emergencia es, por lo menos, preocupante. El reciente informe de la consultora ‘Analytica’ sobre la respuesta de las provincias a la crisis económica -que tomó en cuenta, además de las medidas locales implementadas, el margen fiscal que tenían las provincias para tomarlas- San Luis es la provincia que peor respondió, especialmente en el rubro de apoyo a MiPyMes y a municipios. Incluso provincias con una capacidad fiscal mucho más endeble que San Luis, como Río Negro y Chubut, pudieron asistir a los municipios y brindar mejor apoyo económico y social.

El sector privado tampoco recibió apoyo suficiente de la administración provincial. Mientras otras jurisdicciones brindaron préstamos, avales y alivio impositivo a las empresas, San Luis solamente aplazó el pago de algunos impuestos y prorrogó las fechas para una moratoria tributaria que ya existía. Esta situación también va a contramano a las recomendaciones del BID, que indican que los gobiernos subnacionales deben eximir o facilitar el cumplimiento de pago de impuestos, tasas y servicios públicos, con el fin de apoyar a los sectores productivos y así sostener el empleo.

La respuesta del gobierno de San Luis, aunque preocupante, no sorprende. Proveer a los municipios de recursos nunca fue prioridad del Gobierno provincial, ya que tiene uno de los regímenes de coparticipación municipal más bajos del país. Tampoco lo ha sido el sector productivo y de servicios; San Luis perdió 10 veces más empleo registrado que la media nacional entre 2015 y 2019, sin plantearse nunca ninguna política pública seria para revertir esa tendencia.

En resumen, la pandemia de coronavirus y la respuesta del gobierno de San Luis no hacen más que reafirmar su estrecha visión de federalismo, la falta de coordinación con otros niveles de gobierno, la escasa transparencia en el uso de los recursos públicos, y el continuo olvido del sector privado.

Fuentes:

Matias Nieto La Gaceta Digital

Lapoliticaonline

Elchorrillerosanluis

SanLuisreal

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