admin 13 mayo 2020

violenciamujer

Por: María José Lubertino

Mientras el aislamiento es la forma de aplastar la curva de contagios y ganar tiempo para que la proliferación del Covid-19 no impacte en los sistemas de salud sin capacidad de respuesta, es a su vez en muchos casos el caldo de cultivo para la expansión y exacerbación de la violencia de género.

La violencia de género no es nueva y es universalmente extendida. Según Onumujeres hasta un 75 por ciento de las mujeres y niñas del mundo son víctimas de violencia física o sexual en el transcurso de sus vidas y más allá de la cuestión ética de las muertes y daños, aún en la propia lógica economicista del sistema, el costo de esa violencia es de 1.5 trillones de dólares anuales.

LA OMS tardó en reconocerla como un problema de salud. Recién en 1993 logramos por nuestra insistencia desde el movimiento feminista global que en la Conferencia de Viena sobre DDH hubiera una Declaración reconociéndola.

El Comité sobre eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas emitió sendas recomendaciones a los Estados del mundo en 1992 y en 2017. Y más recientemente emitió Directrices específicas para afrontar las desigualdades agravadas y el riesgo más elevado de violencia de género y discriminación que están sufriendo las mujeres como consecuencia de la crisis actual provocada por el Covid-19

En Argentina en los últimos 10 años el 62% de las víctimas de femicidios fueron asesinadas en su hogar o en el hogar compartido con su agresor y más del 60% de los femicidas han sido pareja o expareja de la víctima.

En 2019 hubo 327 femicidios según el Observatorio de género “Ahora que si nos ven” de Marea. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba encabezan el dramático ránking. El 63% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima.

Según el Observatorio de femicidios “Adriana Marisel Zambrano” de La Casa del Encuentro en 2019 se registraron 299 femicidios, 80 casos en la vivienda de la víctima y 76 en la vivienda compartida con el femicida.

 

Hasta el 11 de mayo 2020 hubo 113 femicidios, dos de ellos trans/tarvesticidios -según el Observatorio de las Mumalá-. Además, hay 16 muertes violentas de mujeres en proceso de investigación y 91 intentos de femicidio. 105 niñes y adolescentes se quedaron sin madre en lo que va del año. El 42% de los agresores eran la pareja; el 26%, ex pareja y 17, familiares. El 23 % de los crímenes fueron con un arma blanca, otro 23%, a golpes; 21%, arma de fuego; 12%, asfixia; 12%, incineradas; 7%, otras (tortura, envenenamiento, caídas de altura).

Los femicidios son los únicos delitos que no descendieron en el periodo de cuarentena: desde el 12 de marzo que iniciaron las primeras medidas de restricción hubo 50 femicidios, 45 intentos de femicidios (2 intentos de travesticidios) y 10 muertes violentas de mujeres en proceso de investigación. Esto es: 314 muertes por Covid-19 y 113 femicidios hasta el 11 de mayo de 2020. En 2019 había un femicidio cada 30 horas. En cuarentena cada 28 horas y aumentaron las llamadas al 144 y otras líneas. A once años de aprobada la Ley 26.485, aún los datos oficiales no están disponibles y hay déficits en los sistemas de registro.

La situación de las mujeres se ve agravada por el confinamiento con el agresor, su situación económica de precariedad laboral y dificultades para el acceso a la Justicia y a la salud, con habitual poca capacidad de respuesta a sus necesidades y ahora aún más difícil en el actual contexto.

Aumentemos la conciencia pública y la movilización social para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas y para permitir a quienes son víctimas romper el silencio y buscar justicia y apoyo.

La creación del Ministerio de Mujeres, Género y diversidad, al inicio de gobierno de Alberto Fernández, jerarquizando la temática es un paso auspicioso. También van en el camino correcto la decisión de fortalecer y ampliar la atención de la Línea 144, las campañas en TV y redes para facilitar las denuncias, que los organismos nacionales, provinciales y locales diversificaran las formas de pedido de ayuda, para hacerlo por WhatsApp, o el “barbijo rojo” con la participación de las farmacias, entre otras iniciativas.

La iniciativa de declarar la “emergencia en materia de violencia de género” del movimiento de mujeres, aunque simbólica, puede ayudar para visibilizar el tema. Sería bueno un informe diario de femicidios y denuncias de violencia de género, con la misma seriedad y rigurosidad con que lo tenemos sobre el Covid-19.

Es urgente dar prioridad en la atención del 911 y otras líneas y en los dispositivos de las fuerzas de seguridad a las situaciones de violencia de género. Falta aún mayor y mejor accesibilidad, rapidez y eficacia en la atención, recepción de denuncias y otorgamiento de medidas de protección, especialmente por parte de las fuerzas de seguridad y de la Justicia en todas las jurisdicciones del país. Deben fortalecerse los ámbitos estatales específicos en Provincias, Municipios y otros y sus articulaciones. Deben arbitrarse asistencias económicas a víctimas y familiares de víctimas de femicidios.

Es imperiosa la necesidad de ampliar plazas de alojamiento en refugios para mujeres e integrantes del colectivo LGTTTBI+ y sus hijes en estas situaciones en cada municipio o arbitrando traslados a otra ciudad o provincia cuando la situación lo requiera. Debe poder cubrirse en todos los casos la implementación de dispositivos electrónicos para agresores y su monitoreo. Deben establecerse mejores programas para el acompañamiento a las víctimas para su recuperación y explorarse abordajes alternativos con los agresores.

La Justicia debe asumir su responsabilidad para lograr ser accesible para las mujeres y las niñas brindándoles servicios jurídicos y especializados gratuitos, y deben aumentarse la cantidad de mujeres en los cuerpos de policía y en los principales servicios. Hay que poner fin a la impunidad frente a la violencia sexual juzgando a los culpables y respetando el derecho de las sobrevivientes a programas de reparaciones que no creen estigmatización y que tengan un impacto de transformación sobre la vida de mujeres y niñas. En este sentido la liberación de femicidas y violadores, aunque hayan sido casos aislados pasibles de apelación, resulta absolutamente desatinada y es una señal que quiebra a todas las víctimas, haciendo internacionalmente responsable al Estado.

El Estado debe garantizar el acceso universal a los servicios esenciales siendo, como mínimo, las necesidades urgentes e inmediatas de las mujeres y de sus hijes atendidas con un seguimiento y apoyo psicosocial, con cuidados post violencia o violación, y con una ayuda jurídica gratuita para que comprendan sus derechos y opciones. El Estado debe mejorar la autonomía económica de las mujeres garantizando sus derechos a una paga igual por un trabajo igual y a un empleo seguro y decente.

Las oportunidades económicas y laborales desiguales en detrimento de las mujeres son un factor primordial que perpetúa su permanencia en situaciones de violencia, explotación y abuso. Deben encararse programas para el acceso a una vivienda digna y estable de las mujeres.

Debe haber protocolos para aquelles que trabajan en estos temas en los servicios esenciales especialmente la policía, les abogades y jueces, trabajadores sociales y personal de salud, de modo que se garantice el cumplimiento de normas y la calidad de sus prestaciones. Los servicios tienen que ser confidenciales, sensibles y adecuados a las mujeres sobrevivientes.

Deben otorgarse recursos públicos adecuados para ejecutar las leyes y políticas existentes, reconociendo el costo y las consecuencias devastadoras de la violencia contra las mujeres, no sólo por las vidas que han sido directamente afectadas, sino para la sociedad y la economía en general, así como en relación a los presupuestos públicos. Un buen ejemplo de ello ha sido el presupuesto sensible al género en Uruguay durante la gestión del Frente Amplio.

Se debe invertir en la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres para enfrentar las causas de base de la violencia contra ellas.

Las áreas estratégicas son la educación secundaria de las adolescentas, el seguir avanzando en salud y derechos reproductivos de las mujeres como se está haciendo, trabajar para y con les jóvenes en tanto que defensores del cambios para poner fin a la violencia de género y garantizar que el sistema educativo empodere a las niñas y a los niños de modo de transformar y establecer relaciones basadas en la armonía, el respeto mutuo y la no violencia.

Los varones deben movilizarse y podemos sensibilizarlos desde niños de todas las edades y en todos los estratos sociales para que se manifiesten en contra de la violencia contra las mujeres y las niñas, de modo que alienten la igualdad y la solidaridad entre los géneros. Una experiencia interesante que debería replicarse en todo el país es la del Centro Integral de Varones (CIV) de Córdoba que atendió telefónicamente a miles de hombres desde el aislamiento social obligatorio por coronavirus y en el que 800 varones semanalmente participan en grupos coordinados por profesionales.

Al llegar al Centro un equipo de psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales y abogades hacen una evaluación de riesgo y diseñan un plan de acción. Ellos tienen que entender que llegan allí por una medida cautelar, que si abandonan el tratamiento se informa a la Justicia y pueden quedar detenidos. El común denominador es que no reconocen su conducta y se debe lograr que comiencen por identificar que ejercen violencia.

Los medios masivos de comunicación también deben involucrarse más en crear opinión pública que ponga en tela de juicio las normas de género perjudiciales que perpetúan la violencia contra mujeres y niñas.

En suma, en las causas de fondo de ambas pandemias están muchas de las soluciones. No se pueden mirar sólo los hechos puntuales, parciales o aislados. Son cuestiones estructurales que más allá de la emergencia debemos atender de manera sistémica y con un abordaje holístico.

Como causa última de ambas pandemias, la opresión de género que naturaliza a las mujeres como objetos y el modelo extractivista que toma a los recursos como infinitos, está el sistema capitalista patriarcal hegemónico.

Necesitamos un cambio radical en la forma de vida de las personas humanas. Se debe recuperar el equilibrio en la forma de relacionarnos entre humanes y con la Naturaleza. Entre varones y mujeres, el equilibrio es la paridad de género en la intimidad, en la familia y en lo público. Desde el feminismo empujamos en esa dirección.

Esperamos que día a día más varones se sumen al cambio que todes necesitamos por el bien de la humanidad.

María José Lubertino

Abogada feminista. Profesora de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Presidenta de la Asociación

Ciudadana por los Derechos Humanos. Integrante de la Mutisectorial Federal de Mujeres y disidencias y de la Red de

Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir. Co-coordinadora de la Comisión de Equidad de género del Consejo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina

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